Éxitos

En 2018, un miércoles hacia las 9:30 de la noche, se registró un intento de asalto contra el intendente Jhon Montoya, jefe de seguridad del gobernador de Cundinamarca, que resultó herido en los hechos.

En la balacera, el intendente Montoya abatió a uno de los presuntos delincuentes e hirió a otro; los agentes del CTI hicieron el levantamiento en el sitio y revisaron las cámaras de seguridad del sector en busca de un tercero que escapó.

La Fiscalía 42 de la Unidad de Vida inició la investigación sobre la responsabilidad del uniformado. Dagaz Jurídicos asumió su defensa y logró demostrar, en audiencia pública ante el juez de garantías, la legítima defensa, con lo que el proceso penal precluyó en 2019.

La firma asumió la defensa de los patrulleros JAMP y MALG de la Policía Nacional en Ipiales (Nariño), acusados por la Fiscalía General de la Nación de los delitos de concusión y lesiones personales, en el proceso con radicado 523566107457201300446.

En el juicio oral se demostró que no fueron ellos quienes cometieron el delito: los denunciantes los habían confundido con otros uniformados. En 2020, el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Ipiales los absolvió.

Una abogada de la firma, especialista en derecho procesal penal, asumió la defensa del patrullero BCOP de la Policía Nacional, acusado por la Fiscalía General de la Nación del delito de lesiones personales, en el proceso con radicado 110016000013201808803.

Aplicando el principio de oportunidad se llegó a un acuerdo con las víctimas, que fueron reparadas integralmente. Con el aval del juez de control de garantías se dio por terminado el proceso penal, y el policía quedó libre de los cargos.

Con el material probatorio aportado por la firma, y en garantía de la presunción de inocencia y del in dubio pro reo, el Juzgado 55 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá absolvió a los uniformados JLVM, JCGS y OGM en el proceso con radicado 110016000013201902090, por el delito de privación ilegal de la libertad en concurso heterogéneo con concusión.

La razón: no se alcanzó el grado de conocimiento que exige el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal para dictar una sentencia condenatoria.

La firma asumió la defensa del oficial JASV, investigado por la justicia penal militar por el presunto delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, en la preliminar con radicado 2621.

Se logró establecer que el oficial no cometió el delito: las indagatorias y la versión libre rendidas en el proceso demostraron que el hecho punible nunca existió.

El patrullero R.E.Y.M. fue investigado por el Juzgado 142 de Instrucción Penal Militar por presunto prevaricato por omisión, por un procedimiento del 4 de diciembre de 2019 en un aeropuerto en el que se incautaron 25 kilogramos de base de coca con destino a México.

Dagaz Jurídicos asumió su defensa y demostró que había cumplido todos los procedimientos. El 23 de septiembre de 2022 se dictó una resolución inhibitoria y se archivó el caso.

La Procuraduría General de la Nación archivó la investigación disciplinaria N.° IUS-E-2020-147559 / IUC-D-2020-1453314 contra el brigadier general Juan Buitrago, exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera.

El proceso empezó en enero de 2020, cuando varios medios publicaron una serie de imprecisiones en las que al parecer había incurrido el oficial al relacionar a una banda de traficantes de armas y drogas de Cali, «Los Mercaderes de la Muerte», en la que presuntamente había miembros de la Policía Nacional, con el homicidio de la candidata a la alcaldía de Suárez (Cauca).

Dagaz Jurídicos asumió la defensa técnica y aportó las pruebas para demostrar que no hubo extralimitación de funciones. La Procuraduría determinó que el general nunca hizo esa afirmación —fue una interpretación de los medios— y que, por lo tanto, no hubo conducta disciplinaria.

«El anterior hilo conductor da cuenta que no existió un señalamiento categórico, directo e inequívoco que pudiera entenderse como una atribución de responsabilidad frente al homicidio de la candidata a la alcaldía de Suárez, sino que se trató de unas manifestaciones a las que se les dio la interpretación aludida», señala el fallo.

Dagaz Jurídicos asumió la defensa del auxiliar de policía F.A.R. en el proceso de la Oficina de Control Disciplinario de la Dirección General, con radicado DIPON-2020-78, por una falta que el despacho enmarcó en el numeral 23 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006.

Sancionado en primera instancia con destitución e inhabilidad por diez años, la firma apeló y demostró en segunda instancia que los hechos estaban amparados por una causal de exclusión de responsabilidad: el despacho lo absolvió de la falta.

En la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía Arauca se adelantaba la indagación preliminar con radicado P-DEARA-2020-77, y el patrullero A.G.P. designó a la firma como su defensa técnica.

Con un trabajo conjunto entre el abogado y el prohijado se aportaron las pruebas que convencieron al despacho de su inocencia y de que su actuación se ajustó a la ley. La oficina ordenó la terminación del proceso y su archivo definitivo.